Acceder a la información pública sanitaria debería ser un derecho garantizado para todos los ciudadanos. Sin embargo, cuando se trata de conocer los gastos sanitarios derivados de accidentes de tráfico, la falta de transparencia por parte de las administraciones públicas es evidente.
En este artículo analizamos la dificultad de obtener estos datos, el impacto del silencio administrativo y las limitaciones que enfrentan quienes intentan ejercer su derecho a la información.
Dificultades para acceder a la información pública sobre gastos sanitarios
Esta entrada se inicia con la solicitud por parte de un ciudadano en octubre de 2024 a todas y cada una de las CCAA para obtener información pública sobre los gastos sanitarios asociados a accidentes de tráfico ocurridos en 2023.
El resultado fue que, dentro de los plazos legales, solo tres comunidades autónomas respondieron con la información solicitada. El resto, catorce CCAA, no ofrecieron datos completos, adoptando distintas estrategias para evitar hacerlo:
- Cuatro CCAA se acogieron a su derecho al silencio administrativo, omitiendo cualquier respuesta.
- Ocho CCAA alegaron que no disponían de la información.
- Dos CCAA afirmaron que necesitaban reelaborar los datos, lo que es un motivo legal de rechazo de la solicitud.
Estos datos reflejan la falta de interés de las administraciones sanitarias territoriales en ofrecer información que permita evaluar su gestión y transparencia en la financiación pública.
Para más información sobre el derecho de acceso a la información, puedes consultar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
¿Qué sabemos de las comunidades que sí informaron?
A partir de las respuestas de las tres CCAA que proporcionaron información, se pudo concluir que entre el 70 % y el 100 % de sus gastos por accidentes de tráfico son cubiertos por el tercero obligado al pago o por mutuas de tráfico.
Para comprender mejor cómo funciona esta cobertura y la relación con las aseguradoras, consulta nuestro artículo Transparencia en los gastos sanitarios por accidentes de tráfico.
Sin embargo, estos datos no pueden generalizarse, ya que no hay información suficiente del resto de comunidades que permita validar esta tendencia a nivel nacional.
Por otro lado, en las 14 CCAA que no informaron o lo hicieron parcialmente, surge una cuestión preocupante:
¿Cómo se puede presupuestar y gestionar correctamente la financiación pública sanitaria si ni siquiera se conoce el gasto total derivado de accidentes de tráfico?
Si estos datos existieran, deberían haber sido proporcionados en la respuesta, ya que se trata de información pública de acceso garantizado.
Datos recopilados: lo que se sabe y lo que no
Se omiten los nombres de las comunidades autónomas por confidencialidad, pero estos son los datos proporcionados:
| Gasto sanitario (€) | Recaudado (€) | Ratio gasto/recaudación |
|---|---|---|
| 31.689.193 | 49.368.349,50 | 1,56 |
| 26.228.146,84 | 27.093.640,96 | 1,03 |
| Reelaboración | 16.251.356,41 | – |
| 26.575.290,45 | 19.167.407,92 | 0,72 |
| Silencio administrativo | – | – |
| No disponible | 11.712.410,51 | – |
| Reelaboración | 11.361.349 | – |
| No disponible | 10.554.432,90 | – |
| No disponible | 14.424.288 | – |
| No disponible | 8.970.316 | – |
| No disponible | 6.895.784 | – |
| No disponible | 9.890.440 | – |
| Silencio administrativo | – | – |
| Silencio administrativo | – | – |
| No disponible | 3.824.130,71 | – |
| No disponible | 3.152.264,43 | – |
| Silencio administrativo | – | – |
Lo que estos datos reflejan es que desconocemos la mayor parte del gasto sanitario realizado y la cantidad que realmente es recaudada por parte del sector privado que lo sustenta (mutuas de tráfico).
Las dificultades para reclamar transparencia en la información pública sanitaria
Ante esta falta de datos, la única opción viable para obtener más información pasaba por presentar denuncias ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) o iniciar procesos en la jurisdicción contencioso-administrativa.
Si quieres conocer más sobre las barreras legales y administrativas para acceder a información pública, puedes leer nuestro artículo El derecho a la información pública.
Sin embargo, el volumen de acciones que esto requería era demasiado elevado:
- 14 denuncias ante los CTBG respectivos.
- 14 demandas ante los juzgados contencioso-administrativos competentes.
Dado el alto coste de tiempo y recursos que esto suponía, la persona que solicitó la información decidió no continuar con estas acciones.
Las administraciones públicas, al considerar «inoportuno» revelar la información, optaron por el silencio administrativo, el rechazo por reelaboración o simplemente negaron la existencia de los datos.
Conclusión: una administración que protege sus propios intereses
Esta situación pone de manifiesto lo difícil que es lidiar con la administración pública cuando se trata de acceder a información sensible.
Se demuestra cómo los organismos responsables se protegen bajo su propio criterio de justicia, evitando ofrecer transparencia en el gasto sanitario y su financiación.
Es lo que hay.
