En esta entrada nos apoyamos en la noticia de El Diario Sanidad impulsa una ley para frenar la privatización de hospitales, porque refleja con claridad los tiempos que vivimos en relación con este debate.
Para empezar, conviene señalar un dato significativo: en España uno de cada tres hospitales de la sanidad pública está gestionado por una empresa privada. Además, el gasto en este tipo de centros ha aumentado un 84,6 % entre 2011 y 2023, lo que muestra el crecimiento de este modelo de gestión.
Por otro lado, un informe elaborado por el Ministerio indica que el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha pasado de tener 106 hospitales privados integrados en 2011 a 145 en 2023. También señala que la proporción de camas operativas pertenecientes a centros privados dentro del SNS ha pasado del 13,7 % al 17,8 %, mientras que la proporción de quirófanos en estos centros ha crecido del 8 % al 10,7 %.
Privatización y negocio en el Sistema Nacional de Salud
Aquí no tratamos de si es necesario reforzar la sanidad pública, los hechos parecen demostrar que sí y que por eso se recurre a la vía privada. Aquí de lo que hablamos es de la privatización con fines de ganar dinero, o sea, hablamos de ganar dinero a costa de “manejar” nuestra salud. Y las empresas, ya sabemos lo que priorizan.
La ley para proteger el Sistema Nacional de Salud
En este contexto, el Ministerio de Sanidad ha aprobado en Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que busca poner freno a la privatización sanitaria, estableciendo requisitos adicionales para externalizar la gestión de hospitales públicos y creando mecanismos añadidos de control.
El Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) incluye la obligación de que las comunidades autónomas que quieran externalizar la gestión de un hospital tengan que someter ese proyecto a una evaluación previa, y deberán justificar con un informe la necesidad de esa privatización. Esa propuesta pasará el examen de un comité de expertos y técnicos.
Nuevas condiciones para externalizar servicios en la sanidad pública
Con la nueva norma, la externalización sanitaria solo podrá ponerse en marcha cuando no sea posible la prestación directa, siempre que se garantice la sostenibilidad financiera y cuando se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
El informe de las comunidades autónomas que recoja estos puntos tendrá que ser un informe público. Además, la norma incluye que se prioricen los conciertos con entidades sin ánimo de lucro, en lugar de con empresas que buscan hacer negocio. En la práctica, la ley busca limitar el modelo de grupos como Quirón o Ribera Salud, especializados en la gestión privada de hospitales públicos.
Cambios en los contratos dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS)
Hay otro punto clave en el anteproyecto de ley. Hasta ahora, las empresas cerraban un acuerdo global con las administraciones por el que levantaban el centro hospitalario y se quedaban con la gestión, a cambio de un contrato blindado que les aseguraba un canon anual por parte de la comunidad autónoma.
Con la nueva norma no se podrán hacer contratos que incluyan la parte de la obra del hospital y posteriormente la gestión del mismo.
El debate sobre la privatización de la sanidad pública
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha descrito la ley como una respuesta a un lema: “La sanidad no se vende, la sanidad se defiende”.
Para ejemplificarlo, García ha recordado varias declaraciones de empresarios del sector de la sanidad privada, entre otras ésta del consejero delegado de Fresenius, grupo que controla Quirónsalud:
“Probablemente les sorprenda, pero los ingresos del lado público son más rentables que los del lado privado”.
Todos, al escuchar estos comentarios pensamos en la empresa privada, no en un servicio público como entendemos la sanidad.
Además, la responsable de la materia ha dicho que se han conocido “audios internos” en los que responsables empresariales hablaban “sin tapujos” de inflar listas de espera para tener mayor rentabilidad, o “reutilizar material para reducir costes”, poniendo en riesgo la seguridad y la calidad de la asistencia sanitaria.
Ejemplos de externalización en el sistema sanitario público
Mónica García también ha recordado el caso de Quirón y cómo “ha multiplicado por seis” el número de pacientes que capta de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, y “ha multiplicado por seis también sus ingresos”.
O cómo en algunos territorios la externalización de pruebas o procedimientos, como los cribados del cáncer de mama, han puesto en riesgo la prevención y el control, en referencia al caso de los cribados de cáncer en Andalucía.
El futuro del Sistema Nacional de Salud y la sanidad pública
Lo que demuestran estos ejemplos es que no son casos aislados y que durante demasiado tiempo se ha permitido que la gestión de la sanidad pública tenga una orientación hacia el beneficio económico, en lugar de una orientación hacia el cuidado de nuestra salud, ha concluido la ministra.
La ministra también ha querido contestar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien, antes de conocer la norma, ya había atacado al ministerio con el argumento de que quiere cargarse la sanidad. La respuesta de Mónica García:
“No, señora, queremos cargarnos su chiringuito, su negociete”.
Estamos pues ante una evidente privatización de la sanidad.
Sólo hay que esperar a ver dónde nos lleva. El tiempo dirá.
Sólo nosotros podemos cambiarlo.
