Los gastos sanitarios derivados de un accidente de tráfico generan muchas dudas entre los afectados. Conocer quién debe asumir estos costes y en qué situaciones existe cobertura resulta fundamental para evitar problemas y reclamar correctamente los derechos que correspondan.
Gastos sanitarios en accidentes de tráfico: acceso a la información pública
Esta entrada continúa a la titulada Información pública sanitaria: ¿por qué no se revelan los gastos sanitarios? y aquí nos referimos globalmente a los gastos públicos sanitarios asociados a los accidentes de tráfico ocurridos en 2024 (coste/gasto, facturado, cobrado).
Bien, pues todo se inicia con la solicitud por parte de un ciudadano -yo mismo- a todas las CCAA, en enero de 2026, de la información pública mencionada.
El resultado fue que, dentro de los plazos legales, no todas las CCAA respondieron.
Ante esta realidad sólo decir que la política se ve empequeñecida ante lo político (ver Diferencia entre lo político y la política: análisis y significado en la teoría política) porque la política no sabe dar cumplida respuesta a lo ya institucionalizado -y apoyado en leyes, normas- y lo político se queda en el sentir de la calle sin obtener respuesta, respuesta que queda reducida a la acción individual para obtenerla, o sea, a elevar la petición.
Y yo no entré en la acción individual porque decidí que “para muestra un botón” y, que ya con casi un 80% de los datos, la información era suficiente para lo que quería comprobar dejando en “modo denuncia social” al 20% restante por la vulneración de un derecho. Denuncia que queda plasmada aquí.
Qué datos aportaron las comunidades autónomas sobre los gastos sanitarios
Bien, pues de esas CCAA que atendieron la petición, una abrumadora mayoría sólo dieron lo facturado y lo cobrado, puesto que gastos/costes no disponían en su contabilidad y requerían de procesos de reelaboración específicos que la propia ley determina como motivo para inadmitir la petición.
De aquí concluí que “lo público” no trabajaba con los últimos datos de gastos para hacer su trabajo, y esto ya sí me preocupó.
Qué porcentaje de los gastos sanitarios cobran las administraciones públicas
Sólo tres CCAA recabaron toda la información, incluyendo COSTES o GASTOS, quedando en un 60-70-90% los gastos/costes sanitarios públicos cobrados a las mutuas.
O sea, que no se cobra todo, sino como mucho lo que hay estipulado en convenio (acuerdo formal entre partes para resolver conflictos o establecer términos de cooperación) y como lo marca el convenio.
Así, si el convenio dice que sólo se cobran hospitalizaciones, se deja fuera de cobro específico, por ejemplo, las urgencias o las pruebas diagnósticas ambulatorias.
Por qué las mutuas no pagan toda la atención sanitaria prestada
Bien. De forma muy breve se ha visto el resumen de este caso.
Pero lo breve doblemente bueno para resaltar que los terceros obligados al pago (mutuas de tráfico) no pagan toda la atención sanitaria prestada a un herido, y no lo hacen porque se nieguen a ello, sino porque no se les reclama.
En concreto, porque los datos de convenio se actualizan cada ciertos años, de manera que así se pierde/omite información -o quizás no, pero esto ya depende de otros factores, no de la diligencia en el seguimiento de la realidad.
Gastos sanitarios y financiación del sistema público de salud
Digo yo.
¿El secreto no está en mirar con objetividad la realidad y sacar conclusiones cada año que permitan mejorar esta obligación con lo público?
De otra manera nos conformaremos con pagar la sanidad desde nuestros respectivos bolsillos -vía impuestos-, sin distinguir a tiempo lo que es a cargo de un seguro, mutua o tercero, de lo que no.
Mal sostenimiento del sistema público sanitario, porque estaremos diciendo que también sostenemos lo privado, y esto ya es pagar todo entre todos cuando hay eventos que quedan exclusivamente del lado privado y no del público, como es el caso, por ejemplo, de los accidentes de tráfico (que siempre son hechos privados).
