En línea con los casos previamente analizados sobre Educación, destacamos la reciente noticia publicada por El País en septiembre de 2024, que aborda la desigualdad existente entre colegios concertados y públicos.
Según este artículo, España es el país con “la mayor brecha socioeconómica entre centros concertados y públicos de los países de la OCDE”, así lo advierte Save the Children en un estudio publicado por ellos. El dato procede del análisis del último Informe PISA, la gran evaluación internacional que realiza periódicamente la OCDE.
Un 21% de la segregación escolar en España ―medida por las diferencias socioeconómicas entre escuelas― “se explica por la desigual composición socioeconómica entre escuelas concertadas y públicas”. Dicho porcentaje hace del país “un caso desafortunadamente único”, señala Save the Children, ya que dicha proporción “raramente llega al 10% en otros sistemas educativos” desarrollados.
El informe de Save the Children, titulado Por una escuela concertada inclusiva, cuyo autor es Alfonso Echazarra —responsable del área educativa de la organización en España—, concluye que el factor principal que explica la segregación socioeconómica en España es el cobro de cuotas por parte de los centros concertados, que actúa como barrera de acceso para el alumnado de familias vulnerables.
Y la ONG propone adoptar una serie de medidas, como una “financiación mejorada, gratuidad real y reglas de juego equitativas en los procesos de admisión” para que la concertada “pase de ser parte del problema, a parte de la solución de la iniquidad equitativa”.
España forma parte del grupo de países desarrollados donde la red de centros concertados, tiene un peso importante, y dentro de la propia España las diferencias entre comunidades autónomas son elevadas. La concertada supera el tercio de la matrícula total en las etapas obligatorias en Euskadi, Madrid, La Rioja y Castilla y León. En el otro extremo, sobrepasa por poco el 20%, o ni siquiera lo alcanza, Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias y Extremadura.
Decir que la educación privada concertada en España es, en sus tres cuartas partes, religiosa, pero esto no determina su mayor presencia. La riqueza tiene un potencial explicativo “extraordinario”, según Echazarra, con un grado de asociación elevado.
Evolución de la educación
En las últimas dos décadas, el porcentaje de alumnado matriculado en centros concertados durante las etapas obligatorias ha variado poco si se observa el conjunto de España. La evolución presenta, sin embargo, algunas diferencias territoriales significativas.
Ha crecido especialmente en Murcia, Madrid y La Rioja (ganando cerca o por encima de un 2% del alumnado al menos en una etapa obligatoria), y ha bajado de forma acusada en Cataluña (en torno a un 5% en primaria), Cantabria y Baleares (en ambas, algo más de un 4% en al menos una de las etapas obligatorias).
NOTORIO pese a estar financiada con fondos públicos, la escuela concertada acoge menos alumnado vulnerable de lo que le correspondería. En la escuela pública, el 14,5% de los chavales están clasificados como estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo, tanto en primaria como en la ESO. En la concertada, los porcentajes se sitúan en el 9,5% y el 12% respectivamente.
En España, según datos del Informe PISA de 2015 (el último en el que el país participó también en el cuestionario para hogares), “el alumnado cuyos progenitores estaban preocupados por los gastos escolares tenía mayor probabilidad de acudir a la escuela pública”.
Obstáculos y posibles soluciones
A la barrera de acceso de las cuotas, Save the Children añade los criterios de admisión establecidos por una parte de las CCAA, que permiten, hasta cierto punto, que los colegios seleccionen a sus estudiantes. Ello se da fundamentalmente en cinco comunidades autónomas, Madrid, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla y León (en menor medida), además de en Euskadi, según el informe.
Entre los criterios que penalizan al alumnado vulnerable figuran dar puntos por el hecho de que los progenitores trabajen; la condición de antiguos alumnos de los padres; o que los niños hayan asistido previamente durante el primer ciclo de infantil al propio colegio o a centros adscritos al mismo, pagando.
Save the Children propone una serie de medidas para hacer más inclusiva la educación concertada. Entre ellas, garantizar la gratuidad, que debería ser “supervisada de forma activa”, de todos los servicios y actividades educativas que conformen el núcleo del proyecto del centro. Además, plantean mejorar la financiación pública, asociándola al porcentaje de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica que cada centro acogiera, al igual que en la educación pública.
También destacan la necesidad de extender los conciertos y la gratuidad completa a las etapas no obligatorias, como el primer ciclo de infantil, bachillerato y la FP de grado medio. Asimismo, proponen que la escuela concertada no tenga ánimo de lucro, siguiendo el modelo de la mayoría de los países de la OCDE, y eliminar los criterios de admisión escolar que puedan tener un potencial excluyente.
Del artículo España, el país que más segrega entre pública y concertada. resaltar, de nuevo y así lo ha destacado el informe de Save the Children, que España es el país de la OCDE que más segrega a los alumnos entre escuela pública y concertada según su situación socioeconómica.
El coste de las escuelas concertadas en España es «inasumible» para las familias con menos recursos, según la ONG.
La falta de ayudas y de financiación pública impide a las familias vulnerables acceder a ese modelo de enseñanza, normalizado en países como Portugal, Reino Unido o Países Bajos.
Una familia con dos hijos y unos ingresos anuales de unos 9.100 euros tendría que dedicar casi un 26% de sus ingresos a la escuela concertada, teniendo en cuenta el pago de unas cuotas mensuales de unos 100 euros.
Y es que España es el quinto país de la OCDE donde la financiación privada de la escuela concertada es más elevada y las familias asumen un coste del 22% del total, mientras que el Estado subvenciona el 80%. Solo por delante están Francia, Australia, Dinamarca y Estonia. Países como Suecia, Reino Unido, Países Bajos, Turquía o Eslovaquia pagan el 100% de la enseñanza concertada.
Por otro lado, el perfil socioeconómico de los alumnos de las escuelas públicas y concertadas es más parecido en aquellos sistemas educativos donde la escuela concertada recibe mayor financiación pública y a medida que aumenta la financiación privada de una escuela, principalmente a través del cobro de cuotas a las familias, la proporción de alumnado vulnerable disminuye.
En el caso español, por cada 10 puntos porcentuales que aumenta la financiación privada de los centros escolares, la matriculación de alumnado socioeconómicamente desfavorecido disminuye en un 1,3%, y la de alumnado con origen migrante en un 0,9%.
Más escuelas concertadas en regiones más ricas
Las regiones más ricas cuentan con más alumnado en el modelo concertado.
En Euskadi, Comunidad de Madrid, La Rioja, Navarra y Castilla y León al menos uno de cada tres estudiantes esta matriculado en un centro concertado, mientras que en Ceuta, Extremadura, Canarias, Melilla, Andalucía y Castilla-La Mancha, menos de uno de cada cuatro estudiantes asiste a dichos centros.
La escuela concertada crece donde existen familias con suficiente capacidad financiera para pagar las cuotas que la mayoría de las concertadas necesitan para ofrecer servicios educativos de una calidad equivalente a las escuelas públicas, señala el investigador Alfonso Echazarra.
Save the Children, además, apunta que no existe brecha en el rendimiento académico entre la enseñanza pública y la concertada.
Fondos adicionales para el alumnado vulnerable
En el informe por una escuela concertada inclusiva, la ONG pide mejorar el sistema de concierto, con más financiación del Estado y con fondos adicionales por alumno en función de su vulnerabilidad.
Asegurar la gratuidad a través de una Inspección Educativa o una Oficina de Gratuidad, eliminar las cuotas que hacen pagar los concertados e igualar los criterios de admisión en todos los centros y que sean implantados por las consejerías, son algunas de las medidas que se apuntan.
Todo ello junto con una supervisión en la inspección educativa y el mismo acceso a becas para todo el alumnado. Todo esto produciría una reducción significativa en la segregación y la mejora de la equidad y de la educación.
El Debate sobre la Educación Concertada: Una Cuestión de Prioridades
La iniciativa del Ministerio de Educación de dialogar con las patronales de colegios concertados ha generado un sismo en el ámbito educativo. Mientras el Estado busca actualizar los fondos que estos centros privados reciben, muchos grupos defienden que esta acción profundiza las desigualdades entre la educación pública y la concertada, una situación que parece querer operar como un eco del conocido juego de luces y sombras en la historia educativa de España.
Nos basamos en el artículo de Libertapress titulado: «Educación Concertada vs. Pública: ¿Desigualdad o Oportunidad? Un Debate Crucial que Define el Futuro Educativo en España»
La Visión de los Defensores de la Educación Pública
Desde la federación de familias de la escuela pública Ceapa hasta las asociaciones de directores de centros públicos, se alza una voz de preocupación. La presidenta de Ceapa, subraya que «no es normal que cada vez se derive más dinero a la concertada», donde se cierran aulas y se deterioran las condiciones de los centros públicos. Este sentimiento resuena con el dolor de muchos que creen en el acceso equitativo a la educación de calidad.
La Perspectiva de la Educación Concertada
Por otro lado, para la educación concertada. la revisión de los conciertos laborales es vista como una oportunidad largamente postergada para iniciar una negociación que podría beneficiar a todos. Es un paso adelante necesario, aunque el camino hacia la resolución aún parece complicado.
La Lucha por la Gratuidad y la Equidad en la Educación
El objetivo del Gobierno es claro: actualizar los conciertos a un «coste real del servicio educativo» con la vista puesta en garantizar la gratuidad de la enseñanza en centros concertados.
Sin embargo, la oposición de Sumar y Podemos enfatiza que priorizar el financiamiento de la concertada sin atender a las heridas abiertas de la enseñanza pública sería como poner una cura temporal sobre una fractura expuesta.
El eco de los Sindicatos y la Doble Realidad
Los sindicatos más críticos también han elevado la voz, demandando que la educación pública sea la prioridad en inversión. Si bien la meritocracia y la segregación son cuestionadas, el papel de la inspección educativa es resaltado como esencial para alcanzar una solución efectiva.
Y extraído del artículo El Gobierno va a aumentar los fondos que recibe la educación concertada. Educación se dispone a revisar la cuantía de los conciertos con el objetivo de garantizar la gratuidad real de la enseñanza. El ministerio espera un compromiso en eliminación de cuotas y transparencia en los procesos de admisión.
A lo que añadir de: Educación pública: el reto de la inclusión total, que La inclusión establecida ha supuesto un gran logro para alcanzar la consecución de la universalidad del derecho a la educación en pie de igualdad. Es conocido y compartido que, en general, a mayor formación mejor empleo y mayor retribución económica. Dichos empleos contribuyen a ampliar la clase media y, en consecuencia, a mejorar económica, política y socialmente la democracia de un país.
Los activos intangibles, como son la formación de la ciudadanía, I+D+i, las patentes, de que dispone un país son fundamentales para el crecimiento económico y social que se fundamente en la formación y la tecnología, ya que fomentan la innovación, la productividad y la competitividad.
El preámbulo de la LOMLOE establece la necesidad de “proporcionar una educación de calidad para toda la ciudadanía, basada en los principios de calidad y equidad, donde todos los miembros de la comunidad educativa colaboren para que el alumnado tenga garantía de éxito en la educación, por medio de la mejora de los centros educativos y la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje”.
Educación inclusiva frente a la educación en la desigualdad.
La educación inclusiva es entendida como el proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, participación y los logros de los alumnos, así como el proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo. Los principios en los que se basa son la igualdad y la diversidad y sus elementos: Flexibilidad, Diversidad e Inteligencias múltiples.
La inclusión establecida ha supuesto un gran logro para conseguir la consecución de la universalidad del derecho a la educación en pie de igualdad. Sin embargo, dicho logro ha sido parcial y, además, se ve ensombrecido por la falta de recursos físicos, humanos y tecnológicos para poder atender a la diversidad de alumnado en las aulas y conseguir que los distintas inteligencias puedan ver satisfechas sus lógicas aspiraciones y alcanzar las máximas competencias, de acuerdo con sus capacidades y esfuerzos, es decir, la inclusión total.
El profesorado de la enseñanza no universitaria observa, con resignación, cómo se le imponen cada vez más responsabilidades, para las que ni se les dota de medios ni se les capacita profesionalmente. Además, deben soportar una creciente carga burocrática cuya utilidad o impacto en la mejora de su desempeño profesional a menudo resulta incierta.
Si las distintas administraciones educativas, estatal y autonómica, no toman conciencia de la importancia de tener una enseñanza no universitaria de calidad como tienen países de nuestro entorno económico, político y social, el futuro de nuestro estado de bienestar se verá sumamente mermado, creándose una sociedad dual: los que puedan pagar una enseñanza de calidad, y los demás, que recalaran en una escuela pública, con profesores mal pagados, muchos alumnos por aula y desincentivados socialmente. Cualquiera puede escoger ejemplos de lo anterior.
Es la hora de tomar decisiones, la necesidad de implementar las dotaciones económicas para la educación no universitaria se hace cada día más patente. Se necesita, también, hacer más atractiva la labor de profesor económica y socialmente, para conseguir los profesionales más dotados para esta tarea fundamental en el estado de bienestar.
De no hacerse, en breve las clases medias huirán de la educación pública a la privada, concertada o no. Este efecto perverso de los ciudadanos de los servicios públicos fundamentales (en la sanidad ya se está produciendo) lo identificó y explicó de una forma acertada Albert O. Hirschman en el libro: Salida, voz y lealtad. Respuestas al deterioro de empresas, organizaciones y Estados.
La reforma del profesorado preuniversitario
Analizamos el siguiente artículo de El País donde habla de la negociación para la gran reforma del profesorado.
El Ministerio de Educación y los principales sindicatos de enseñanza iniciaron conversaciones para impulsar una reforma integral del profesorado en España. Este ambicioso proyecto afectará a 784.000 docentes que enseñan a 8,3 millones de estudiantes en las etapas preuniversitarias.
El proceso de negociación, pendiente desde hace tres años, prevé ser extenso. Sin embargo, las medidas acordadas podrán aplicarse gradualmente sin necesidad de esperar a la conclusión del diálogo, según han señalado ambas partes.
Las DEMANDAS DE LOS SINDICATOS: horario, ratios y reconocimiento
Los sindicatos han puesto sobre la mesa tres prioridades clave para mejorar tanto las condiciones laborales de los docentes como el rendimiento académico de los alumnos.
1. Reducción del horario lectivo
La reducción del horario lectivo semanal, que los sindicatos proponen fijar en un máximo de 18 horas para secundaria y 23 para primaria e infantil, obligando a todas las comunidades autónomas a cumplir estos límites.
Aunque algunas regiones ya se ajustan a estos horarios, otras, como Madrid, siguen con jornadas de hasta 20 y 25 horas, respectivamente.
2. Disminución del número de alumnos por aula
La exigencia sobre la disminución del número de alumnos por aula. Los sindicatos sugieren que los estudiantes con necesidades educativas especiales o en situación de desventaja socioeducativa cuenten doble a efectos de ratio, lo que facilitaría la implementación de esta medida sin modificar la ley vigente.
3. Equiparación del cuerpo de maestros
Los sindicatos reclaman la equiparación del cuerpo de maestros al nivel administrativo A1, igualándolos al profesorado de secundaria. Este cambio, que beneficiaría a casi la mitad de los docentes, corregiría una desigualdad histórica que dejó de tener sentido con la unificación de los grados universitarios en cuatro años.
Además de estas demandas, el Ministerio de Educación ha planteado una serie de reformas que considera necesarias para mejorar el sistema educativo. Entre estas propuestas figura la creación de un “Marco de competencias profesionales docentes”, que definiría los conocimientos, habilidades y actitudes esperados en los docentes a lo largo de su trayectoria laboral.
Este marco, cuya versión preliminar consta de 154 páginas, detalla 10 áreas de competencia, como la gestión del aula, la igualdad y la innovación educativa, con niveles de desempeño que van desde el inicial hasta el experto. Aunque los sindicatos consideran esta propuesta teórica, podría convertirse en la base para estructurar una nueva carrera profesional con incentivos por mérito.
Oposiciones y filtros de acceso
El Ministerio también busca revisar el sistema de acceso a la profesión docente. Entre las propuestas se encuentra la actualización de los temarios de las oposiciones, que en algunos casos datan de los años noventa, y la inclusión de pruebas prácticas para evaluar competencias pedagógicas.
Otra medida que genera debate es la implantación de una prueba específica de acceso a los grados de magisterio, similar a la que ya funciona en Cataluña y Baleares. Este examen evaluaría habilidades lingüísticas y matemáticas, así como la vocación docente, y permitiría filtrar el acceso en una carrera que produce más titulados de los que el sistema educativo puede absorber.
Educación y sindicatos abordan la negociación de la reforma de la carrera docente
Al hablar de este tema damos nuestra opinión sobre estos artículos de Infobae de enero de 2025 que hablan sobre, Educación y sindicatos abordan la negociación de la reforma de la carrera docente | La Verdad y Educación y sindicatos abren la mesa de negociación del docente con 6 grupos de trabajo.
Pues bien. Primero. Un nuevo estatuto deberá regular desde la formación inicial a la jubilación, pasando por las prácticas y mentorías de los profesores noveles y su formación continuada
El Ministerio de Educación ha propuesto a los sindicatos de profesores la creación de varios grupos de trabajo que debatan y discutan lo que debería ser el contenido del futuro estatuto docente, la reforma legal que debe diseñar cómo será la carrera docente y el ejercicio de la profesión en España de principio a fin, desde el acceso a los grados de Infantil y Primaria o al máster de profesorado hasta la jubilación.
Según adelantó el ministerio, su idea es que el estatuto fije las competencias profesionales de los docentes, la formación inicial del profesorado, la tutorización de prácticas durante los estudios y la posible mentoría durante la iniciación profesional de la docencia, la reforma del ingreso en la función docente (oposiciones y sistemas selectivos), el desarrollo profesional de la carrera y la configuración de su formación permanente
Aún así, según las mismas fuentes, los responsables de Educación se mostraron abiertos a debatir cualquier demanda de los docentes.
¿Qué mejoras buscan los sindicatos para la educación pública?
Los sindicatos ya han dejado claro que pretenden lograr en esta negociación para mejorar la educación pública:
- Una reducción de las ratios de alumnos por profesor, sobre todo en los centros con más alumnos vulnerables o con necesidades especiales de apoyo educativo.
- Una reducción obligada y para toda España de las horas lectivas semanales.
- La rebaja de la burocracia diaria que sufre el profesorado.
- La mejora de las condiciones retributivas y laborales.
- El derecho a la jubilación anticipada.
Y ahora nos preguntamos
¿Estamos ante la marginalidad de la educación pública?
Esta cuestión la ha trabajado Miguel Soler (Valencia, 70 años) quien fue profesor de matemáticas y ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Educación y la Generalitat Valenciana, además de ser coautor de los actuales currículos educativos y un referente en materia de enseñanza dentro del PSOE.
En una entrevista en El País. en junio del 24 da sus impresiones.
El resumen (P pregunta y R respuesta):
P. Tanto en la Comunidad Valenciana como en Andalucía y Madrid se reducen unidades (clases) de la educación pública argumentando que el alumnado está descendiendo. ¿es inevitable?
R. La caída de la natalidad tiene que permitir mejorar la atención educativa, y, por tanto, mejorar la ratio en infantil y primaria, donde son muy elevadas. Luego hay diferentes formas de hacerlo, pero en cualquier caso, supone aprovechar la disminución de alumnos para dar una atención más individualizada.
P. Las comunidades gobernadas por el PP están reimplantando el llamado distrito único en la admisión escolar. ¿Por qué lo quitaron los ejecutivos autonómicos de izquierdas, como el valenciano, del que usted formó parte?
R. En muchos países funciona un principio general que establece que la escuela debe estar enraizada en su barrio. Se intenta que los niños vayan andando al cole, que forme parte de su entramado cultural, y recoja la variedad social que existe en la zona. Salvo casos muy concretos, como los barrios gueto, que pueden requerir actuaciones específicas, lo que mejor recoge la pluralidad es que las familias que vivan cerca de un centro educativo tengan más puntos a la hora de matricularse.
Es importante dejarlo claro: no se trata de obligar a nadie a elegir un centro. Cada familia puede pedir ir al que quiera. Lo que decimos es que, en aquellos centros donde la demanda supera el número de plazas, el que viva enfrente tenga algún punto más para entrar que el que viva a cinco kilómetros.
P. ¿Por qué cree que ahora la derecha elimina el criterio de proximidad en la admisión escolar?
R. Hay que pensar por qué es una reivindicación de la enseñanza concertada de toda la vida. El distrito único suele ir acompañado de otros mecanismos. Lo primero es: que pueda pedirlo cualquiera, independientemente de donde viva, con la misma puntuación. Y así, en lugar de tener, pongamos, 1.000 peticiones potenciales, son 50.000. Lo segundo que han hecho ha sido introducir otros criterios de acceso.
Por ejemplo, puntos por ser hijo de antiguo alumno, o por haber llevado al niño a una determinada escuela infantil, que suele ser privada y muchas veces cara. La combinación de estas nuevas reglas con la eliminación del criterio de proximidad lleva a que, en lugar de ser la familia la que elija colegio, sea el centro el que elija a la familia.
Esto lo hacen muchos centros concertados, y algunos públicos. Los centros deben tener mayor autonomía en muchos aspectos para atender mejor al alumnado. Y al mismo tiempo no deben tener ninguna para seleccionar al alumnado que se quiere matricular.
P. ¿No se suponía que la actual ley educativa, la Lomloe, impedía estas prácticas?
R. Cualquier ley estatal que requiere de un desarrollo autonómico en un ámbito donde, como en educación, las comunidades tienen amplias competencias, tiene difícil evitar ciertas cosas. Aun así, la Lomloe deja claro cuáles son los criterios prioritarios en la admisión de alumnos: hermanos en el centro, proximidad del domicilio o lugar de trabajo del padre o de la madre, nivel de renta de la unidad familiar.
P. En el contexto actual, de fuerte caída del alumnado como consecuencia de la natalidad, ¿cree que estos cambios pueden alterar el equilibrio entre la red escolar pública y la concertada?
R. En todos los núcleos urbanos con una masa social suficiente, SI. En Municipios de España con sólo oferta pública no se va a notar. Pero en la mayoría de capitales de provincia, y en muchos núcleos urbanos potentes, puede provocar un retroceso importante de la pública. Puede haber casos donde la pública se convierta en marginal y dirigida solo a los sectores más desfavorecidos. También puede perjudicar a la concertada que no seleccione al alumnado.
P. ¿Debe actuar el Ministerio de Educación?
R. El criterio de proximidad del centro, por ejemplo, ha estado en vigor en todas las leyes educativas, incluida la Lomce (la anterior ley educativa, aprobada por el PP). Y si se comprueba que su aplicación se está adulterando, que las normativas autonómicas están dejando en la práctica sin efecto los criterios de escolarización que la ley dice que deben ser prioritarios, hay que actuar.
Y si los tribunales están interpretando, como han hecho, que una vez establecidos los conciertos no se pueden retirar mientras el colegio tenga demanda, lo que puede llegar a provocar que en un municipio cierren dos colegios públicos y se quede solo uno concertado, con lo que habrá que modificar la normativa estatal.
Una reflexión sobre nuestra educación
Hacemos una llamada a la reflexión para llegar a conclusiones cabales y que permitan la toma de decisiones certeras. Y la reflexión parte de que la educación es un derecho inalienable y el rol de las instituciones debe ser el de proteger y fomentar este principio.
Pero ahora una pregunta principal:, ¿En España nos afiliamos a impartir una educación en la desigualdad, -siendo conscientes de ello- o sólo nos lamentamos de actuar con desigualdad en la forma de impartir la educación a través de diferentes modelos?
